Los empresarios piden una política clara en la aplicación, que exista un órgano rector que regule y aplique la normatividad, pero que los procesos no se frenen por exigencias de última hora.
Una concertación institucional al interior del Gobierno para los asuntos mineros, así como un adecuado desarrollo de la Agencia Nacional de Minerales, iniciativa en la que ya trabaja el Ministerio de Minas y Energía, son asuntos que fueron puestos sobre el tapete en un encuentro que sostuvieron ayer empresarios con altos funcionarios de la administración Santos.
"Nosotros apoyamos y celebramos el anuncio del Gobierno Nacional de crear una Agencia Nacional de los Minerales. Creemos que el sector requiere de una verdadera autoridad de regulación y el momento lo permite, pero debe ser una regulación en sentido amplio, es decir, con la institucionalidad que establece las reglas", dijo la ex jefe de la Oficina de Regulación de la Superindustria, Claudia Jiménez, quien actualmente representa al sector de la Minería de Gran Escala.
A su juicio, debe haber una concentración de funciones desde el punto de vista de la regulación, además de las garantías en materia de cumplimiento y respeto de la normatividad que se establece.
En ese sentido, los empresarios coinciden en que la clave está en el estatuto de funcionamiento de la nueva entidad, que le permita ser un organismo técnico, con un adecuado perfil y autonomía en su presupuesto, además de su obligación de rendir cuentas.
Cabe mencionar que, a mediados de agosto pasado, el Gobierno anunció la reestructuración de Ingeominas y la creación de una nueva agencia, cuya tarea será la promoción de la explotación minera en cada una de las regiones de Colombia, actuando también como autoridad del ramo. El objetivo es replicar el exitoso ejercicio que se hizo hace cinco años con la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
Pero se quiere hacer más. El ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado, dijo que, aprovechando las facultades extraordinarias que están tramitándose en el Congreso, el Gobierno no sólo busca que haya una reestructuración en minas, sino de todo el Ministerio.
"Tenemos un sector eléctrico y otro de hidrocarburos bien manejado, no porque se haya hecho la reestructuración de una empresa, sino de todo el sector, de manera integral", agregó.
Los representantes del sector privado presentes en el encuentro, organizado por el Instituto de Ciencia Política y Fraser Institute, aprovecharon para exponerle al Gobierno varios cuellos de botella que enfrenta el sector de la minería, en particular, la que es de gran escala y que merece soluciones pragmáticas, según lo expuso Claudia Jiménez: "hay un vacío desde el punto de vista de la reglamentación en temas de consultas previas, sustracción temporal y parcial del área de la reserva forestal y de limitación de páramos".
En este último aspecto, se ha suscitado una polémica por el alcance de la reforma al Código de Minas en el desarrollo de proyectos mineros promisorios, como el que adelanta la empresa Greystar en California (Santander), para la explotación de oro. En abril, el Gobierno le pidió a la compañía que presentara un nuevo estudio de impacto ambiental, ajustándolo a la legislación vigente que protege ecosistemas como los páramos. La empresa presentó apelación y está a la espera de que el Gobierno le dé una respuesta sobre el asunto.
Y es que el tema de la estabilidad jurídica no deja de preocupar a los empresarios de la minería. En el mismo encuentro, el presidente de Cerromatoso, Sergio Restrepo Londoño, dijo que si bien las empresas mineras se ajustan a los cambios regulatorios hay aspectos sobre los cuales vale la pena llamar la atención.
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